El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la
reforma del Código Penal que contempla la pena de hasta seis años de prisión a quien incluya en su página web listados de enlaces a contenidos que son objeto de propiedad intelectual. El juez podrá ordenar su retirada e incluso el bloqueo del portal, según el borrador enviado el Consejo de Estado.
El objetivo es perseguir las páginas que permiten la obtención de un listado de enlaces a través de las cuales se puede acceder ilícitamente a obras protegidas por los derechos de autor. En ningún caso se actuará contra usuarios o buscadores neutrales, ni contra los programas P2P que permiten compartir contenidos.
En concreto, se persigue la explotación económica, reproducción, plagio, distribución y comunicación pública de una obra, sin autorización de los titulares, con ánimo de obtener un beneficio directo o indirecto (a través de publicidad, por ejemplo), así como facilitar el acceso a la localización de obras o prestaciones protegidas en Internet.
En esta modificación se tipifica expresamente la facilitación de medios para suprimir o neutralizar las medidas tecnológicas utilizadas para proteger la propiedad intelectual.
Por otro lado, en los delitos contra la propiedad industrial se diferenciará la responsabilidad penal de importadores y distribuidores mayoristas. Estos verán agravada su pena, mientras que a los distribuidores minoristas y vendedores al público se les atenuará proporcionalmente en función de su responsabilidad.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado que esta regulación, que adecua la vulneración de la propiedad intelectual a semejanza de la propiedad industrial, "supone un auténtico equilibro entre la protección de los derechos de autor y el avance de las nuevas tecnologías".
"Se persigue la explotación económica, en especial la reproducción, el plagio, distribución o comunicación pública de una obra sin consentimiento de los titulares con ánimo de obtener un beneficio directo o indirecto en beneficio de tercero", ha explicado, aunque ha precisado que "si no hay ánimo de obtener beneficio económico o perjuicio de tercero, no hay delito".
Reacciones
Esta reforma del código penal que endurece las penas para los dueños de páginas de enlaces supondría, según la Asociación de Internautas, la"criminalización de todo internet".
El director de la Asociación de Internautas de España, Víctor Domingo, ha explicado a la agencia Efe que, "si se criminalizan los enlaces, se criminaliza todo internet", y ha añadido que la entidad que preside tratará de que esta reforma "no salga adelante", haciendo un "llamamiento a la razón de todos los parlamentarios que se consideren internautas".
Para Domingo, salvo que se exima a los grandes buscadores de estas penas para los enlaces a contenidos ilícitos, "todos los directivos de Google van a estar en la cárcel en 48 horas, porque estamos hablando del primer 'enlazador' del mundo".
Por otra parte, para el presidente de la Asociación de Internautas, entidad que agrupa a 3.600 socios en toda España, sería un "problema importante" que cualquier usuario de internet "pudiera tener una pena de cárcel por subir un enlace en su cuenta de las redes sociales". Domingo ha añadido que, "si alguna web tiene contenidos protegidos por los derechos de autor, que la Justicia caiga sobre ella, pero no contra el enlace".
La reforma prevista "trata de paliar, tomando un atajo, las deficiencias de la
Ley Sinde-Wert, que no ha servido para nada", ha dicho este presidente, y ha añadido que le parece también "grave" que se hable en el nuevo Código de contenidos ilegales respecto a derechos de autor, "pero
no se diga nada de contenidos xenófobos o terroristas".
El usuario de internet no es "capaz de discernir lo que es legal o ilegal, eso lo tiene que decir un juez", ha añadido Domingo, para quien con esta reforma "se están confundiendo los derechos de autor con las libertades fundamentales".
Por su parte, la Federación de Cines de España (FECE) espera que la reforma tenga como consecuencia un "efecto disuasorio" y consiga "frenar" dicha actividad y retirar sus contenidos. Borja de Benito, portavoz de FECE, ha manifestado en declaraciones a Europa Press que "el principal problema de la piratería son estas webs, es contra quien hay que actuar", por lo que se ha felicitado por esta reforma.
Según aplaude, lo más positivo de esta modificación es que se elimina "la competencia desleal que hay en el sector". "Acceder gratis a películas en el día del estreno es algo contra lo que no se puede competir", ha criticado.
"Esto es algo que Europa tiene presente en la mente: la piratería es algo ilegal y lo mínimo que puede pasar por ello es la pena de prisión", ha indicado, por lo que considera esperanzadora esta reforma, ya que actualmente "los dueños de las webs se están lucrando masivamente con contenido que no es suyo".
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Aquí tenemos otro zafio intento de continuar con el legado de la ley Sinde que tan "bien" funcionó. Es increíble que tras las acusaciones de apropiación indebida, administración desleal y falsedad de documentos a "Ramoncín", anterior presidente de la SGAE, pretendan continuar con la cacería de los difusores de enlaces a contenidos protegidos por derechos de autor. Se puede considerar un "poco" hipócrita la frase "si no hay ánimo de obtener beneficio económico o perjuicio de tercero, no hay delito" teniendo en cuenta que son ellos mismos los encargados de decidir si existe animo de lucro. En definitiva, espero que no se aprueve esta medida y que no sea necesario destapar otro escándalo por parte de la Sociedad General de Autores y Editores u otra agrupación para que esto suceda.
ELMUNDO.es\ Viernes 20/09/2013
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/20/navegante/1379685808.html
